Por: Dr. Julián Obregón, Miembro del Comité Médico de ALAFAL
Históricamente, la salud mental no ha ocupado un lugar central en las políticas de salud pública en Perú. Sin embargo, en los últimos años ha ganado relevancia, en gran parte debido a las presiones socioeconómicas como la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Estos factores, combinados con el impacto emocional de la pandemia de COVID-19, han revelado la magnitud de los problemas de salud mental en el país.
La pandemia no solo agravó la situación, sino que también amplificó los factores de riesgo. Se estima que 1 de cada 3 peruanos sufre algún trastorno de la mente, con mayor frecuencia ansiedad y/o depresión, como secuela del confinamiento, el aislamiento social y la carga de morbimortalidad de la pandemia. Esta crisis ha incrementado la urgencia de implementar políticas públicas orientadas a la prevención y el tratamiento oportuno, adaptadas a la creciente demanda de apoyo emocional.
Entre enero y junio de 2024, el Ministerio de Salud atendió más de 900 mil casos de trastornos mentales, siendo la ansiedad y la depresión los diagnósticos más comunes. De estos, 129 mil casos afectaron a niños y adolescentes, lo que resalta la vulnerabilidad de este grupo. Además, los episodios depresivos moderados y graves han aumentado un 19% en 2024 respecto al año anterior, lo que sugiere que la demanda de atención continuará en ascenso.
El desafío más grande sigue siendo la falta de recursos dedicados a la salud mental. Actualmente, el Estado destina menos del 2% del presupuesto del sector salud a este ámbito, lo cual limita la capacidad de respuesta. A pesar de que los fondos se han incrementado en los últimos años, todavía no son suficientes para cubrir la demanda de atención, especialmente en áreas rurales.
Como resultado de esta brecha en recursos, el 80% de las personas con trastornos mentales en Perú no recibe atención adecuada. Este subregistro pone de manifiesto las limitaciones de nuestro sistema de salud y resalta la necesidad urgente de una mejor distribución de recursos, una ampliación de la infraestructura y una mayor oferta de personal profesional especializado en el manejo de enfermedades de la mente para atender a quienes más lo necesitan.
Un enfoque preventivo es clave. La detección temprana y la promoción de la salud mental son elementos que deben integrarse más firmemente en las políticas públicas. Esto permitiría identificar problemas antes de que se conviertan en trastornos más graves, reduciendo la necesidad de intervenciones más costosas y complejas. Invertir en prevención es invertir en el futuro, ya que no solo reduce los costos en el sistema de salud, sino que también mejora el bienestar de la población y su capacidad de contribuir al desarrollo económico.
Otro aspecto fundamental es la atención a los grupos más vulnerables. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los jóvenes, las mujeres y las personas en situación de pobreza enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud mental. En Perú, las mujeres jóvenes, en particular, son las más afectadas.
En el entorno laboral, el costo de no atender adecuadamente la salud mental se refleja en el aumento del ausentismo y la baja productividad. Sectores como el comercio y la manufactura ya han experimentado pérdidas derivadas de trastornos como la depresión y la ansiedad. Adaptar las estrategias de atención para abordar las necesidades de estos grupos no solo mejoraría la equidad en el acceso, sino que también reduciría el impacto que los problemas de salud mental tienen en la productividad y el bienestar de la población.
La OPS también destaca la importancia de una visión integral que combine la prevención con la promoción de la salud mental, una oportunidad que Perú puede aprovechar para consolidar un sistema más equitativo y eficiente. Integrar estos principios en el ámbito laboral, educativo y comunitario puede crear un entorno más saludable y productivo para todos. En resumen, Perú tiene ante sí la oportunidad de avanzar en la mejora de la salud mental desde una perspectiva preventiva y de equidad. Si se destinan más recursos y se adoptan políticas innovadoras, no solo se aliviará la presión sobre el sistema de salud, sino que también se potenciará el desarrollo económico y social del país. Es momento de aprovechar esta coyuntura para transformar los desafíos actuales en oportunidades que mejoren la calidad de vida de millones de peruanos.